Mutuales mendocinas en lucha contra
los abusos en los descuentos de haberes

 

Hace ya una década atrás, mediante un decreto del gobernador Celso Jaque, las entidades sin fines de lucro mendocinas vieron regular el sistema de descuentos correspondientes al personal de la Administración Pública Provincial. Los funcionarios consideraron oportuno rediseñar la operatoria, a la luz de los avances tecnológicos, implementando una centralización vía Internet que permita conocer con gran rapidez la capacidad de endeudamiento de los agentes públicos.
           
Arrogándose facultades legislativas, la Secretaría General de la Gobernación ordenó su puesta en funcionamiento, dictando la respectiva reglamentación a fin de hacer extensivo el sistema a todo tipo de entidades, sean éstas con o sin fin de lucro, sociedades o personas físicas individuales que hasta ese entonces no se encontraban habilitadas por el Decreto ni, mucho menos, por la ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. Así nació el Centro Unico de Autorización de Descuentos: un sistema informático, vía Internet, a los fines de autorizar y controlar todas las novedades referidas a la operatoria de descuentos de haberes.

Primero, se pretendió entregar el manejo del CUAD a una empresa privada, pero los gritos del sector mutualistas hicieron prever un escándalo de dimensiones. Finalmente, fue un privado quien armó el sistema y el “manejo” quedó a cargo del estado provincial. Los instructivos originales de operación figuraban con el nombre de Red Mutual y el software fue desarrollado por Impronta Solutions, ambas integrantes del mismo holding.

En el nuevo régimen, los descuentos por las deudas o prestaciones que los agentes públicos voluntariamente pacten con las entidades titulares de códigos de descuento no pueden superar, en conjunto, el tope del 35% del haber mensual neto, y deben pasar por el Centro Unico de Autorización de Descuentos.

Hecha la ley, hecha la trampa. La ambición de algunos por quedarse con todo, no tiene límites. Atropellan al propio sector al que pertenecieron, exhibiendo millonadas que despiertan el interés de muchos funcionarios corruptos.

Allá lejos y hace tiempo, en la provincia se creó la Caja de Seguro Mutual como una repartición autárquica,  vinculada al Poder Ejecutivo, con la loable finalidad de asistir al empleado público y su familia en caso de fallecimiento e incapacidad laboral. La cobranza de sus cuotas se descuenta por fuera del Centro de Autorización, no teniendo tope de afectación sobre el salario.

Pero llegado el 2018, por ley se ampliaron sus objetivos: Fomentar ayuda recíproca y proporcionar beneficios y servicios de recreación, turismo, culturales, económicos y otros, por sí o por terceros. Cabe destacar que, de Mutual sólo lleva el nombre impuesto con anterioridad a la Ley de Mutualidades.

Inmediatamente, la Caja dibujó una licitación pública convocando a oferentes de servicios para impulsar un nuevo programa de beneficios denominado Caja Plus, un sistema basado en plataformas digitales que da acceso a los asociados a una serie de servicios.

Y allí aparece en escena el empresario Walter Grenón quien oportunamente encabezara la tristemente conocida “Red Mutual”, definida por muchos como un holding financiero que estructura fideicomisos integrados por créditos personales con cobro de cuotas por el sistema de descuento de haberes, distribuidos y/u originados por las entidades que integran este grupo. Más tarde, se convirtió en banquero.

Y es así como aparece en Mendoza el programa Caja Plus, con la oferta de los servicios de Yacaré, Ahorro Plus, Banco Voii y Ok Créditos, propiedad del grupo Grenón. Los comercios mediante un simple trámite completamente digital, que no lleva más de 10 minutos, están en condiciones de cobrar sus ventas y generar reintegros a sus clientes, sin la necesidad de realizar trámites en forma física.

La publicidad que se replica en toda la provincia difunde la posibilidad del empleado público de acceder a préstamos personales hasta $ 250.000. ¿Y cómo se pagan esos préstamos?. Yacaré, otorgante del crédito,  descuenta las cuotas directamente del recibo de sueldo a través de la Caja de Seguro Mutual, sin pasar por el Centro Unico de Autorización de Descuentos y sin límite de afectación. Con ello, muchos trabajadores provinciales se encuentran a fin de mes cobrando migajas.

Cabe recordar que el CUAD fue creado con la finalidad de transparentar y centralizar toda la información referida a los descuentos que las Mutuales realizan por bono de sueldo a través del Estado provincial. A su vez, el Centro también concentraría información sobre las solicitudes, disponibilidad de endeudamiento, autorización de solicitudes y toda la operatoria que se realice a través del mismo. El software fue desarrollado por el propio Walter Grenón, a través de Impronta Solutions, mientras que sus empresas operan por fuera del CUAD y de la regulación que el mismo impone.

La Federación mendocina pide
la intervención del INAES

La ambición de algunos por quedarse con todo, no tiene límites. Atropellan al propio sector al que pertenecieron. Y las Mutuales mendocinas están en lucha frente a los negociados en la operatoria de descuentos que dan privilegios a los que, exhibiendo millonadas, que despiertan el interés de muchos funcionarios corruptos.

Ahora piden la intervención del INAES, atento que todo esto se enmarca en las retenciones efectuadas por la “CAJA DE SEGURO MUTUAL”, a favor de un empresa privada (ver página 3).

Esta “Caja” es una repartición autárquica vinculada al Poder Ejecutivo que se colgó la palabra “Mutual”, pero nada tiene que ver con este formato asociativo.

¿Por qué debe intervenir el INAES?. El Artículo 34º de la Ley de Mutualidades expresa: “Queda terminantemente prohibido el uso de las expresiones "Socorros Mutuos", "Mutualidad", "Protección Recíproca", "Previsión Social" o cualquier otro aditamento similar en el nombre de las sociedades o empresas que no estén constituidas de acuerdo con las disposiciones de la presente”.

Juan Domingo Bolzón, delegado normalizador de la Federación Mendocina de de Entidades Mutuales, requirió al Presidente del Instituto “se sirva ordenar la producción de un dictamen jurídico”.

Por ley 9121, la provincia de Mendoza creo una entidad denominada “CAJA DE SEGURO MUTUAL”, con la finalidad de la percepción de un monto en concepto seguro mutual de todos los empleados públicos de la provincia, de afiliación obligatoria, y administrar dicho patrimonio.

Pero llegado el año 2018, por ley se ampliaron sus objetivos: Fomentar ayuda recíproca y proporcionar beneficios y servicios de recreación, turismo, culturales, económicos y otros, por sí o por terceros. El escrito de la Federación afirma que: “al ser incorporados los nuevos fines, la Caja acordó con la empresa “YACARE” el otorgamiento de préstamos personales a sus afiliados, ES DECIR A TODOS LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA”.

“Es de público y notorio, la necesidad de la gran mayoría de los empleados estatales a los que no les alcanza el sueldo, de contar con préstamos, que casualmente el mismo Gobierno Provincial, a través de su entidad autárquica, se los sirve en bandeja”.

“También es de público y notorio que estas empresas financieras, cobran altos intereses”.

“Las entidades mutuales tenemos un tope del 35% que podemos descontar de la remuneración del empleado público, a través de los códigos asignados por el Gobierno provincial”. Claro está, la firma YACARE efectúa los descuentos a través de la Caja, pero sin tener el tope aludido: “quedando situada en forma “privilegiada” en el primer lugar para percibir los montos descontados, lo que también es un perjuicio para las entidades mutuales”, afirma Bolzón en su misiva.

“Por lo expuesto, solicito la producción del dictamen jurídico y la intervención del INAES, en salvaguarda de las Asociaciones Mutuales de la provincia, que se encuentran absolutamente desamparadas con el accionar del gobierno provincial, de la Comisión de Derechos y Garantías de la legislatura Provincial, ya que al contar el gobierno con mayoría de legisladores, dicha comisión hace caso omiso a nuestros reclamos y denuncias”, finaliza la petición formulada por la Federación a Alexandre Roig.

No debería ser muy complejo que el organismo, en su carácter de autoridad de aplicación, se expida, a pesar de que la Mutualidad pareciera tener muy poco espacio en las nuevas políticas de gestión, tendientes a dejarla relegada a una minoría en su ámbito de actuación.

 

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