Asambleas y mandatos en Pandemia: aclaración del INAES

 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en la que se encuentra el territorio nacional en el marco de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se han dictado diversas medidas para evitar la propagación del virus.

La llegada de la segunda ola, volvió a restringir aún más las reuniones y actividades en general en espacios cerrados.

Esta situación epidemiológica ha golpeado duramente el corazón de muchas instituciones que necesitan de estas reuniones, como toda su vida lo han hecho, para su desarrollo y razón de existir. Hablamos de Clubes, Mutuales, Cooperativas, etc., en las cuales la participación democrática y el debate hacen a su propia naturaleza.

Contrariamente a lo expuesto, y sin protocolos, se pudo velar a Maradona, se hicieron vigilias a favor y en contra del aborto, y las marchas piqueteras continuaron con toda normalidad.

Tal situación afecta potencialmente la celebración de asambleas de asociados en Cooperativas y Mutuales ya que se trata de eventos que, por su naturaleza, suelen dar lugar a una concentración de gente.

Este estado de cosas perjudica notoriamente la vida institucional de las entidades, siendo necesario que el órgano de gobierno se encuentre en condiciones de ejercer las funciones que le encomienda la normativa vigente, máxime en un momento crítico de la economía nacional y regional como el presente.

El Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dictó la Resolución Nº 485 del pasado 18 de abril, y ante la existencia de consultas recibidas, consideró oportuno que el organismo disponga una norma a los fines de armonizar la interpretación de los actos asamblearios y evitar confusiones.

Asambleas a distancias

El INAES sostiene que es pública y notoria la evolución que han alcanzado las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sus ventajas e impactos, lo que constituye una realidad indisociable de la vida cotidiana de las personas humanas y jurídicas, y una modalidad de adopción inminente en la gestión de las organizaciones. En este orden de ideas, considerando las singularidades y particularidades de esta modalidad de interacción, resulta necesario establecer las condiciones para garantizar el debido proceso del acto asambleario en la modalidad a distancia.

Las Cooperativas y Mutuales podrán celebrar reuniones a distancia de los órganos de gobierno, siempre que se cumplan los siguientes recaudos mínimos:

1) El órgano de Dirección de la entidad podrá disponer, si lo considerara pertinente, la realización de las Asambleas mediante la modalidad a distancia, con la utilización de medios telemáticos.

2) La entidad deberá garantizar que el sistema elegido admita la libre accesibilidad a las reuniones de todos los asociados y las asociadas, con pleno ejercicio de sus derechos políticos permitidos. La imposibilidad de garantizar el acceso en estas condiciones obstará la realización de las Asambleas por este medio.

El o los canales de comunicación deberán permitir la transmisión simultánea de sonido e imágenes en el transcurso de toda la reunión; a su vez, se deberá garantizar la grabación en soporte digital.

3) En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se deberá informar de manera clara y sencilla cuál ha sido el canal de comunicación elegido y cómo acceder a éste; la forma de emitir el voto de manera clara y de fácil contabilización ante cada moción, así como los mecanismos para su emisión.

4) En el caso de tratarse de apoderados y/o apoderadas, deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

5) Deberá dejarse constancia en el acta las personas humanas y el carácter en que participaron en el acto a distancia.

6) Sin perjuicio de la transcripción del acta de asamblea en el libro pertinente, el Órgano de Dirección debe conservar una copia en soporte digital de la reunión por el término de UN (1) año, la que debe estar a disposición de cualquier asociado y/o asociada que la solicite y de la Autoridad de Aplicación.

7) Sin perjuicio del aviso previo requerido por las normas legales tanto al INAES así como al órgano local competente y sus respectivas facultades de fiscalización de los actos, se podrá solicitar al Instituto la presencia de personal de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales para que presencie la asamblea y realice tareas de apoyo y asistencia. Dichas tareas deberán contribuir a evacuar dudas respecto de la aplicación de esta resolución, así como a cuestiones vinculadas a un acto asambleario en general, como la redacción de actas y la formulación de mociones, entre otros. El cumplimiento del presente por parte del Instituto quedará supeditado a la disponibilidad de recursos del organismo.

Renovación de autoridades

A su vez, el INAES aclaró que: “Los y las integrantes de los órganos de dirección y de fiscalización privada de Cooperativas y Mutuales permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo por las asambleas correspondientes, incluso cuando los mandatos se encontraren vencidos”.

Aclárese que los mandatos de autoridades cuyos vencimientos hubieran operado a partir del dictado del Decreto N° 297/20 y hasta tanto hayan cesado las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) y/o de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), deberán ser renovados total o parcialmente conforme la sucesión prevista en sus estatutos, con vigencia a partir de la primera Asamblea que contemple la renovación de autoridades.
Si el estatuto de la Cooperativa o Mutual estableciera la renovación de cargos por mitades o por tercios, en la primera Asamblea que se lleve a cabo luego de la suspensión, sólo deberá elegirse la mitad o tercio del Órgano de Dirección y de Fiscalización, según corresponda, cuyo mandato se encontraba vencido o haya vencido con posterioridad al dictado del citado decreto, retomando a partir de dicha elección el orden de alternancia de los cargos que se vieron prorrogados en forma automática.

Dicha normativa fue girada al Banco Central de la República Argentina, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a los organismos provinciales competentes en materia de cooperativa y mutual.

 

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