Sanción millonaria del Banco Central a una Mutual cordobesa y sus directivos

Todo comenzó hace dos años cuando la Mutual recibió un allanamiento dispuesto por el Juzgado Federal con asiento en la ciudad de San Francisco, a instancias de la AFIP, el BCRA, el INAES y la Gendarmería Nacional, tendiente a investigar la existencia de lavado de dinero y/o usura proveniente de productores agropecuarios, a raíz de denuncias de particulares.

A pedido de la Fiscalía se requirió al Central que, en base a su competencia, arbitre lo necesario para verificar todo lo inherente a las actividades desplegadas por la entidad y/o por los responsables de la misma.

Analizada la documental solicitada y demás elementos probatorios, el área técnica actuante del BCRA comprobó la realización de actividades de intermediación financiera no autorizada. Previo al análisis de los hechos, se destacó que el INAES había suspendido a la Mutual para funcionar por no haber presentado información relacionada al servicio de ayuda económica, aspecto comunicado a las Entidades Financieras y Cambiarías, a fin de que se abstuvieran de realizar todo tipo de operatoria con la misma.

El área de formulación de cargos concluyó que atento a que la actividad financiera desarrolladas por la Mutual tuvo lugar durante un período en el que se encontraba suspendida y, consecuentemente, por fuera del marco de la autorización otorgada por el INAES y la normativa específica que regula la actividad, la entidad se halla sujeta al poder de fiscalización del Banco Central y puede ser imputada en un sumario financiero. Cargo: "Intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar con la previa autorización de este Banco Central", en transgresión al artículo 38, inciso b) de la Ley № 21.526, en concordancia con el artículo Io del citado texto legal”.

En la verificación realizada, se destacó que entre las actividades informadas se encontraba la de: “...Atención de los vecinos, que por su mínima operatoria no calificarían en entidades bancarias, a través de préstamos de menor cuantía, para sus necesidades...” y, en consonancia con ello, la aclaración de que: “...hace unos cuatro o cinco años, la Asociación Mutual instaló una proveeduría mutual, para facilitar el acceso a la misma de la masa de asociados a través de préstamos personales y a devolver en cuotas mensuales...”. A su vez, se citó que el objetivo esencial informado por la entidad era: "...el servicio en una localidad donde no existen bancos, cajeros automáticos ni reparticiones provinciales o nacionales que puedan brindar respuestas efectivas a la demanda de la población más vulnerable”.

En ese sentido, se mencionó lo informado por la inspección respecto de los balances analizados en cuanto a que la actividad de otorgamiento de créditos con recursos de ahorristas resultó desmesurada en relación al capital propio de la Mutual, el que no resistiría un mínimo desequilibrio financiero.

En su descargo, los directivos concluyen que “se trata de una entidad creada por y para la gente en una población de apenas 1.500 habitantes donde su funcionamiento al presente es imprescindible y esencial”. Solicitan que se tenga en cuenta lo que una Mutual puede representar en una comunidad y se considere también que aquellos asociados, vecinos y directivos sujetos también a una evaluación penal motivada en la actuación de la rectora, son para su comunidad “héroes” que, independientemente de sus errores formales, son quienes permitieron lograr el desarrollo de un pueblo todo.

A todo ello, el BCRA considera que “algunas circunstancias sean merecedoras de particular consideración al momento de evaluar ciertas responsabilidades y sus consecuencias, ya sea para atenuar o agravar las mismas, no implica que aquellas puedan ser tomadas como justificativos de transgresiones al régimen legal, cuando el propio ordenamiento no las prevé como tales o como excepción a su observancia”.

En ese sentido, rechaza la pretensión de los directivos de considerar esa actividad, como "...una operatoria inherente a su esencia..." de entidad mutualista, en tanto la misma fue realizada fuera del marco de la autorización otorgada por el INAES, de la normativa específica que regula la actividad de las mutuales y del control del mencionado organismo regulador, comportándose como una entidad financiera desvirtuándose su propósito mutualista. Todo ello lleva a señalar que, al tiempo de los hechos en estudio la Asociación Mutual no contaba con autorizaciones suficientes para actuar como actuó.

Como consecuencia de ello, el Central pondera que la responsabilidad de la entidad, en primer lugar, es consecuencia de la conducta desplegada por los integrantes de su Consejo Directivo. Asimismo, resultan alcanzados los integrantes de la Junta Fiscalizadora, encargados del control de la legalidad de los actos, por cuanto no existen en autos constancia de que haya practicado observación alguna respecto de los temas en cuestión.

Estando la entidad sumariada suspendida para funcionar por el INAES y mediando una expresa indicación de abstención de realizar actos tendientes al cumplimiento de su objeto, tales personas no podían ignorar que estaban actuando al margen de la ley y del propio Estatuto de la Asociación. Esta operatoria, por sus características, le quita a los actos realizados la cobertura dada por un órgano de control propio -en el caso el INAES- respecto de los cuales no puede efectuarse otra interpretación, más que la expuesta, esto es: ello importó la realización de operaciones de intermediación financiera realizadas sin contar con la autorización pertinente del BCRA, conforme las disposiciones legales vigentes en esta particular materia, lo que compromete la responsabilidad de todos los implicados.

Por lo tanto, en virtud del análisis realizado, “cabe concluir que las personas humanas sumariadas resultan responsables de la comprobada transgresión a la Ley de Entidades Financieras, habiendo generado con su conducta la responsabilidad de la Mutual”.

A los efectos de establecer las sanciones pertinentes, el BCRA procede a considerar la clasificación de la infracción de “MUY ALTA” gravedad para la que se prevé la máxima pena: a la entidad una multa de $ 98.208.000 y a cada uno de los directivos y fiscalizadores, según su responsabilidad, multas  que van desde los $ 7.000.000 hasta los $ 29.000.000 e inhabilitación para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndico, liquidador, gerente, autoridad, socio o accionista de las entidades comprendidas en la Ley № 21.526.

Dichas sanciones sólo podrán ser apeladas ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

 

 

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