El INAES instó a las provincias a evitar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

 

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo que aplican todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires sobre las entradas / ventas obtenidas por las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales. Su alícuota depende del distrito y de la industria, yendo desde el 1,5 al 5%.

Se trata de un tributo provincial que se rige por el Código Fiscal y las leyes impositivas de cada distrito. Si la persona física o jurídica desarrolla su actividad sólo en una jurisdicción, debe inscribirse como contribuyente local. En los casos en que las actividades abarcan a diferentes distritos, existen convenios multilaterales entre las provincias para evitar la discusión sobre un mismo hecho imponible.​

Es considerado un "impuesto distorsivo" dado que no permite descontar los gastos en servicios o insumos utilizados para producir el bien, como sucede en el Impuesto al Valor Agregado.

A través de la Resolución Nº 477 del pasado 7 de agosto, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social instó a los gobiernos provinciales a que se abstengan de gravar con dicho impuesto a las Mutuales y Cooperativas.

El INAES advierte la vigencia de la Ley 20.221 de Coparticipación Federal y su modificatoria (Ley 23.548), de donde se desprenden los tres requisitos básicos para que quede configurado el tributo a los Ingresos Brutos: ejercicio de actividad empresarial, habitualidad y fines de lucro, algo que todas las provincias deben acatar en la conformación técnica de los impuestos, tanto de sellos como de ingresos brutos.

Respecto de este último, dice la ley que tiene que recaer sobre una actividad ejercida con fin de lucro: “Los mismos deberán ajustarse a las siguientes características básicas: recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de lucro, de profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos.”

El artículo 2º de la Ley N° 20.321 define a las Mutuales como asociaciones constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica. Es claro que poseen el carácter de asociaciones y en tal sentido no pueden perseguir fin de utilidad de utilidad o ganancia.

Ello está reafirmado, además, en el artículo 29 de la misma ley en tanto las exime de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras en relación a sus bienes y por sus actos.

Por su parte, la Cooperativa es una entidad sin fin de lucro y un instrumento de la denominada economía cooperativa, por ello la doctrina especializada en la materia ve en las mismas a verdaderas asociaciones de un tipo especial. Tal como surge del concepto de cooperativa dado por la Alianza Cooperativa Internacional y de los principios que se expresan en la Ley N° 20.337, éstas son asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta democráticamente gestionada.

Otra disposición legal demostrativa de la ausencia de fin de lucro de este tipo de organizaciones es la contenida en el artículo 20 inciso d) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que las exime del pago de tal gravamen.

Se trata de entidades capitalizadas únicamente con el aporte de sus asociados sin propósito especulativo y autogestionadas, quienes no poseen interés personal alguno respecto del patrimonio social y tampoco pueden transformarse en sociedades comerciales.
 
En los fundamentos de la nueva Resolución, el organismo considera que: “Frente a la existencia de multiplicidad de legislaciones fiscales provinciales donde en algunas de ellas las cooperativa y mutuales son gravadas con el tributo de Ingresos Brutos, el INAES en atención al deber de colaboración y de coordinación que debe primar en las relaciones interadministrativas, considera oportuno y conveniente establecer un procedimiento que permita dar acabado cumplimiento con las misiones y funciones de este Organismo en la materia descrita en los considerandos precedentes para garantizar una más eficaz colaboración con dichas jurisdicciones provinciales y dar cumplimiento efectivo a la Ley de Coparticipación”.

Ante ello, el Directorio resuelve:

1°) Reafírmese que las Cooperativas y Mutuales son entidades sin fines de lucro y, por lo tanto, el tributo de ingresos brutos no les es aplicable por encontrarse excluidas en los términos del artículo 9 inciso b) punto 1 de la Ley de Coparticipación.

2º) Solicítese, por intermedio de la Dirección de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual, a Órganos Locales Competentes y/u Organismos Provinciales que den cuenta mediante notificación fehaciente a las autoridades de los tres poderes provinciales donde tienen asiento lo establecido en el punto precedente.

3º) Solicítese, por intermedio de la Dirección de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual, a Órganos Locales Competentes y/u Organismos Provinciales a gestionar y/o asesorar y/o brindar la mediación adecuada con el INAES ante las autoridades provinciales, a fin de agotar todas las instancias administrativas para evitar el cobro de tributo a dichas entidades.

Un impuesto regresivo

Fue creado en 1977 y puesto en ejecución de inmediato en todas las provincias, en el marco de un cambio del esquema tributario nacional y provincial iniciado en 1974 con el reemplazo de Réditos por Ganancias y seguido en 1975 con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Desde entonces, se transformó en la principal herramienta de los ministros de Economía provinciales después de la Coparticipación Federal.

Pocos gravámenes en el país tienen un rechazo tan contundente. Empresarios, economistas y tributaristas coinciden en calificarlo como “regresivo” por entender que al aplicarse en toda la cadena de producción y comercialización sin posibilidad de deducción, termina encareciendo el bien o servicio en un efecto cascada que conspira contra el poder adquisitivo de la población como contra la competitividad internacional, al tiempo que induce a la informalidad.

Sin embargo, ese repudio generalizado no se traduce en la derogación de ese gravamen, o aunque sea una disminución de sus alícuotas. Los intentos se remontan a 1993 y desde entonces Ingresos Brutos sale indemne ante todos los avances en su contra. Y, lo que es peor, con aumentos diferenciados en sus alícuotas.

¿A qué se debe, entonces, la persistencia y fortaleza de un impuesto que todos dicen rechazar?. En promedio, representa tres de cada cuatro pesos de la recaudación propia de las provincias. Su peso en los ingresos totales varía de acuerdo con la proporción que tenga en cada una las transferencias de recursos del Estado Nacional.

 

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