Los Informes Socioeconómicos y
una interminable cadena de papelones

 

En plena Pandemia, con mucha urgencia, el INAES impuso una nueva obligación para las entidades. Pero el apuro parece no haber tenido tanto sentido. Idas y vueltas en la redacción de la normativa. Y aún no pudieron implementarse los mecanismos para su presentación. Una interminable cadena de papelones que sólo la burocracia y la impericia saben dónde finaliza.

Cerrando el 2020, en un trabajo conjunto con la Comisión Técnica Asesora de Informe Social, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social había aprobado la incorporación de los formularios de “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” que las entidades debían remitir al organismo. Su cumplimiento revestía el carácter de declaración jurada y debían ser enviados mediante el sistema de trámites a distancia.

Pocos meses después decidió derogar dicha norma y reemplazarla por una nueva, bajo la excusa de que existía una superposición de datos requeridos en otra norma, lo que podría generar confusión en las entidades administradas por ese organismo, resultando aconsejable el dictado de una nueva resolución que corrija este posible inconveniente.

Sin lugar a dudas, la tarea desarrollada por la Comisión Técnica Asesora creada para dicho fin, e integrada por dos vocales del Directorio, Alejandro Russo y Heraldo Nahúm Mirad como sus coordinadores, fracasó al no advertir esta situación. Un papelón que alguien observó tras la asunción del nuevo Presidente del organismo. Así se dictó la Resolución Nº 189 publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de marzo.

Las Mutuales y Cooperativas, con excepción de las Cooperativas de Trabajo deberán, a partir de los ejercicios cerrados en el mes de diciembre de 2020 inclusive y hasta los ejercicios que se cierren hasta el 30 de noviembre de 2021, cumplir sólo con las siguientes dimensiones del informe: Identificación, localización, tamaño, apertura cooperativa/base social, no discriminación, participación de los asociados en órganos de gobierno (Consejo de Administración / Directivo y Sindicatura / Fiscalización), Apertura y movilidad en Órganos de Dirección y Control.

A partir de los ejercicios que se cierren desde el primero de diciembre de 2021, deberán cumplir con la totalidad de los indicadores establecidos en los Anexos.

El cumplimiento de estos informes socioeconómicos reviste el carácter de Declaración Jurada y deberán ser remitidos al INAES, mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por otro medio que determine el Organismo.

La presentación de los “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” será condición esencial para la emisión del Certificado de Vigencia Institucional.

La norma establecía que la obligación debía ser cumplimentada durante los seis (6) meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico. Pero los plazos comenzaron a vencer y el INAES no había podido establecer en la web los formatos necesarios para transmitir la información. Reafirmando la improvisación con la que muchas veces se regula, el Directorio del Instituto debió dictar una nueva norma que extendió el plazo de vencimiento hasta el 31 de octubre de 2021.

Pero llegó la fecha y los funcionarios no pudieron adaptar el sistema informático para que las Mutuales y Cooperativas puedan dar cumplimiento a esta imposición. Cuando les toca laburar desaparecen.

Y en oportunidad de celebrar el Día del Mutualismo, Alejandro Russo en su doble rol de referente del Mutualismo e integrante del Directorio del INAES, resaltó la importancia de estos informes: “Estos datos nos van a dar mucha visibilidad para poder defender al sector y también para contribuir a ser parte de las políticas de Estado”. Después del papelón cometido por la Comisión Asesora que él mismo coordinaba, sobrevino la imposibilidad del organismo de ponerlo en práctica.

¿Para qué sirven estos informes?

Claramente: para nada, a pesar de las manifestaciones de los burócratas de escritorio que consideran que este papeleo llegó para salvar al sector. ¿Y por qué no lo implementaron si es tan importante?.  La norma sostiene que el INAES requiere de información apta para que a través de un conjunto mínimo y común de indicadores pueda dar cuenta de la actividad del sector y: 1) Relacionarse con las entidades, sus Federaciones y Confederaciones; 2) Elaborar planes y programas, su control, evaluación y seguimiento en esos aspectos; 3) Vincularse con otras agencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal, en las que se planeen y ejecuten programas en los que Cooperativas y Mutuales puedan tener participación; 4) Informar, colaborar, cooperar e integrarse a otros sistemas institucionales de la sociedad civil que promueven el desarrollo humano, de conocimiento, económico, social y ambiental del país y sus ciudadanos en un ámbito solidario; y 5) Comparar el aporte de las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) con el resto del sistema económico-social, tanto en el ámbito micro como macroeconómico.

Para ello, el INAES había constituido una Comisión Técnica Asesora de “Informe Social”, con el objetivo de elaborar las bases de un sistema de información, comenzando por sendas matrices de indicadores económicos, sociales, institucionales y ambientales, basados en los principios y valores cooperativos y mutuales, pero que no pudo advertir la superposición de normas, hasta que alguien les avisó. Y se debió derogar la Resolución dictada meses antes.

Se pretende que las entidades adopten institucionalmente el hábito de planificar su desarrollo sostenible y su reporte periódico, además de su situación patrimonial y resultados, por alguna/s de las normas vigentes y comparables con otras entidades.

El cúmulo de obligaciones, y las consecuencias de sus incumplimientos, hacen recaer en las organizaciones una tarea administrativa cada vez más tediosa y compleja. Algunas parecerán grotescas, fuera de contexto o alejadas de la actividad solidaria, pero son reales y deben ser cumplimentadas cotidianamente. Antes de seguir imponiendo regulaciones, los funcionarios deberían hacerse cargo de sus propias responsabilidades.
           
Enumerar cada una de las tediosas cargas que recaen sobre las entidades daría para hacer un libro que muy prontamente quedaría desactualizado por las normativas que permanentemente se van dictando.

 

 

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