La improvisación al momento de imponer obligaciones que afectan a las entidades

 

La presentación de los Informes Socioeconómicos
de Cooperativas y Mutuales, ahora vence el 31 de octubre

En plena Pandemia, con mucha urgencia, el INAES impuso una nueva obligación para las entidades. Pero el apuro parece no haber tenido tanto sentido. Idas y vueltas en la redacción de la normativa. Y aún no pudieron implementarse los mecanismos para su presentación.

Cerrando el 2020, en un trabajo conjunto con la Comisión Técnica Asesora de Informe Social, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social había aprobado la incorporación de los formularios de “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” que las entidades debían remitir al organismo. Su cumplimiento revestía el carácter de declaración jurada y debían ser enviados mediante el sistema de trámites a distancia.

Pocos meses después decidió derogar dicha norma y reemplazarla por una nueva, bajo la excusa de que existía una superposición de datos requeridos en otra norma, lo que podría generar confusión en las entidades administradas por ese organismo, resultando aconsejable el dictado de una nueva resolución que corrija este posible inconveniente.

Sin lugar a dudas, la tarea desarrollada por la Comisión Técnica Asesora creada para dicho fin, e integrada por dos vocales del Directorio, Alejandro Russo y Heraldo Nahúm Mirad como sus coordinadores, fracasó al no advertir esta situación. Un papelón que alguien advirtió tras la asunción del nuevo Presidente del organismo.

Finalmente, creemos, el INAES dictó la Resolución Nº 189 publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de marzo, derogando sus antecesoras N° 1437/2020 y N° 957/2019, para resolver el solapamiento de formularios y requisitos con el mejor objetivo de la sencillez, celeridad y claridad de los requerimientos establecidos en cada uno de ellos.

Las Mutuales y Cooperativas, con excepción de las Cooperativas de Trabajo deberán, a partir de los ejercicios cerrados en el mes de diciembre de 2020 inclusive y hasta los ejercicios que se cierren hasta el 30 de noviembre de 2021, cumplir sólo con las siguientes dimensiones del informe: Identificación, localización, tamaño, apertura cooperativa/base social, no discriminación, participación de los asociados en órganos de gobierno (Consejo de Administración / Directivo y Sindicatura / Fiscalización), Apertura y movilidad en Órganos de Dirección y Control.

A partir de los ejercicios que se cierren desde el primero de diciembre de 2021, deberán cumplir con la totalidad de los indicadores establecidos en los Anexos.

El cumplimiento de estos informes socioeconómicos reviste el carácter de Declaración Jurada y deberán ser remitidos al INAES, mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por otro medio que determine el Organismo.

La presentación de los “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” será condición esencial para la emisión del Certificado de Vigencia Institucional.

El Informe correspondiente deberá ser suscripto por el Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Síndico/a o un Fiscalizador/a, según corresponda.

La norma establecía que la obligación debía ser cumplimentada durante los seis (6) meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico. Pero los plazos comenzaron a vencer y el INAES no había podido establecer en la web los formatos necesarios para transmitir la información.

Reafirmando la improvisación con la que muchas veces se regula, el Directorio del Instituto debió dictar una nueva norma. En esta oportunidad la culpa recayó en la articulación con otras dependencias de la Administración Pública Nacional: “Que, no habiendo alcanzado certeza suficiente de parte de algunas de ellas, en lo atinente al desarrollo e implementación de dichos trámites, resulta necesario prorrogar el plazo para que las entidades puedan cumplimentar con la obligación de remisión de la información requerida”.

Para no colocar a las entidades ante la imposibilidad de dar cumplimiento al proceso de relevamiento censal, sin mediar alternativa alguna, el INAES dispuso extender el plazo de vencimiento del deber de remisión de aquellas entidades cuyos cierres de ejercicios hubieran operado entre los meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021, inclusive. Por ahora, la obligación deberá ser cumplimentada hasta el 31 de octubre de 2021.

¿Para qué son estos informes?

La norma sostiene que el INAES requiere de información apta para que a través de un conjunto mínimo y común de indicadores pueda dar cuenta de la actividad del sector y: 1) Relacionarse con las entidades, sus Federaciones y Confederaciones; 2) Elaborar planes y programas, su control, evaluación y seguimiento en esos aspectos; 3) Vincularse con otras agencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal, en las que se planeen y ejecuten programas en los que Cooperativas y Mutuales puedan tener participación; 4) Informar, colaborar, cooperar e integrarse a otros sistemas institucionales de la sociedad civil que promueven el desarrollo humano, de conocimiento, económico, social y ambiental del país y sus ciudadanos en un ámbito solidario; y 5) Comparar el aporte de las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) con el resto del sistema económico-social, tanto en el ámbito micro como macroeconómico.

Para ello, el INAES había constituido una Comisión Técnica Asesora de “Informe Social”, con el objetivo de elaborar las bases de un sistema de información, comenzando por sendas matrices de indicadores económicos, sociales, institucionales y ambientales, basados en los principios y valores cooperativos y mutuales, pero que no pudo advertir la superposición de normas, hasta que alguien les avisó. Y se debió derogar la Resolución dictada meses antes.

Se pretende que las entidades adopten institucionalmente el hábito de planificar su desarrollo sostenible y su reporte periódico, además de su situación patrimonial y resultados, por alguna/s de las normas vigentes y comparables con otras entidades.

El cúmulo de obligaciones, y las consecuencias de sus incumplimientos, hacen recaer en las organizaciones una tarea administrativa cada vez más tediosa y compleja. Algunas parecerán grotescas, fuera de contexto o alejadas de la actividad solidaria, pero son reales y deben ser cumplimentadas cotidianamente. Antes de seguir imponiendo regulaciones, los funcionarios deberían hacerse responsables de sus propias responsabilidades.
           
Enumerar cada una de las tediosas cargas que recaen sobre las entidades daría para hacer un libro que muy prontamente quedaría desactualizado por las normativas que permanentemente se van dictando.

 

 

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