Aniquilar el sistema de créditos solidarios

 

En otras de las tantas medidas de tinte “populista”, el Estado decidió convertirse en el principal prestamista de los jubilados con la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), créditos sobre los que se aplica la tasa de interés más barata de todo el mercado financiero; tasa que produce un quebranto importante más en el Fondo de Garantía.

Esto formó parte del uso político del fondo de los jubilados, junto con los créditos a las provincias a tasa subsidiada que, en conjunto, ocupan un alto porcentaje de la cartera del FGS.

Más tarde, se decidió ampliar los préstamos que ya venía otorgando a los titulares de la AUH, todos los cuales poseen un alto riesgo de morosidad e incobrabilidad, al tratarse de beneficios que caducan temporalmente. Se trata de un grupo que no posee un derecho perpetuo como la jubilación, sino uno que puede caducar.

Un 84,6% de los beneficiarios de la AUH se encuentran endeudados con la ANSES: 1.867.832 personas, por un total de préstamos otorgados en términos monetarios de 30.000 millones de pesos. Un auténtico “PAGA DIOS”.

Pero llegó la pandemia y ANSES suspendió el otorgamiento de nuevos créditos y el pago de las cuotas de los ya otorgados. ¿Quiénes quedaron en el mercado?. Bancos pagadores de jubilaciones, las cuevas y las Mutuales y Cooperativas con la tasa más regulada y controlada de todo el sistema financiero.

No obstante ello, el organismo continúa profundizando su ensañamiento contra las entidades que operan en el sistema de descuentos. Encarnizados con aquellos que otorgan los créditos más baratos. ¿Por qué?. Inexplicable.

En el siglo del desarrollo informático, el organismo decidió en 2011 que cada operación de crédito que ingrese al sistema sea presentada en papel, en la Dirección de Control, a la espera de la buena voluntad y de la suerte que les toque. Con total arbitrariedad, esta oficina puede habilitar los descuentos de la misma, rechazarlos o mandarlos al freezer porque sí. Los perjuicios son muy graves, ya que esos créditos fueron previamente pagados a los beneficiarios con intereses por debajo de los vigentes en el mercado, cuya primera cuota se paga varios meses después de su otorgamiento.

Pero llegó el Covid 19 y ANSES decidió suspender “la atención al público como así también la recepción de documentación”, a partir del 18 de marzo pasado, dejando colgados un sinfín de legajos por préstamos ya otorgados, con sus graves consecuencias económicas.

Poco tiempo después, el Poder Ejecutivo Nacional declaró, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, como esencial el trabajo de las "Mutuales y Cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos". Pero al organismo previsional no se le movió un pelo.

Lejos de aprovechar los nuevos tiempos para modernizarse y activar una metodología online para continuar la operatoria y poder seguir llegando a los asociados en plena pandemia, ANSES volvió a retomar, parcialmente, su actividad casi 5 meses después.

 Con turnos y protocolos, la Dirección de Control Prestacional volvió a la recepción presencial de las carpetas de créditos, encontrando innumerables excusas para rechazar su aprobación. Este auténtico “grupo de tareas” fabrica cualquier excusa para no procesar los descuentos de las cuotas, ni tampoco tiene plazo alguno para expedirse.

 

Inflación, servicios y cuotas sociales

El organismo previsional no permite cargar al sistema nuevas cuotas sociales ni realizar afiliaciones, entendiendo que las Mutuales y Cooperativas sólo están habilitadas a trabajar para “garantizar el funcionamiento del sistema de créditos”. No entienden razones. Primero, deberían saber que no en todo el país rige el “Aislamiento”, hay muchísimas provincias y distritos donde sólo rige el “Distanciamiento” y desarrollan todo tipo de actividades. Segundo, algún día tal vez entiendan que para otorgar un crédito la persona debe estar asociada. No les interesa. La arbitrariedad, la discrecionalidad y la soberbia son sus principales cualidades.

Además de todo ello, ANSES no permite ajustar los valores, corroídos por la inflación. ¿Por qué?. Se encapricharon: “las nuevas solicitudes de aumentos de cuota social y servicios especiales de las entidades participantes sean interrumpidas durante el contexto actual, y hasta tanto se regularice la situación epidemiológica existente”.

El organismo tampoco permite que el jubilado ya asociado pueda cambiar de plan o ajustar un valor que quedó desactualizado, por propia voluntad y suscribiendo la documentación correspondiente.

En la última reforma al artículo 35º de la normativa vigente (Resolución Nº 905), estableció que: “La modificación del valor de las cuotas de afiliación/sociales o sindicales en el sistema “e@descuentos”, no serán ingresadas por las entidades sino que su modificación será aplicada mediante la Dirección General Monitoreo de la Gestión de Prestaciones”.

De esta manera, la inflación devora los ingresos de las Mutuales y Cooperativas y limita la prestación de servicios.

¿Qué sentido tiene para el Estado Nacional avanzar en la destrucción final de un sistema construido luego de años de esfuerzo y trabajo, regulado hasta el hartazgo y que funciona con los controles más estrictos?. ¿Qué lógica tiene semejante avasallamiento en el peor momento de la crisis económica y cambiaria del país, para darle un golpe de gracia a las pocas entidades que aún sobrevivían en un sistema devastado?.

¿Y el Consejo Consultivo?

Entre las tantas reformas que sufrió la normativa que rige el sistema de descuentos, hay un artículo que sigue vigente y sobre el cual nuestros beneméritos representantes sectoriales no exigen su cumplimiento.

ARTÍCULO 60: Créase en el ámbito de la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones, dependiente de la Dirección Ejecutiva, un Órgano Consultivo de Descuentos no Obligatorios a Favor de Terceras Entidades, con representantes de las Confederaciones que nuclean las entidades autorizadas a participar de la operatoria y de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El silencio de las organizaciones representativas y la nula voluntad de dialogo de estos funcionarios, constituyen un combo perfecto para que no se cumpla con esta posible mesa de discusión.

 

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