Los funcionarios de ANSES ensañados en hacer desaparecer un derecho de ley

 

"Para mí, el diálogo es un camino en el que nunca voy a ceder. Siempre me acusaron de dialoguista y me encanta que lo hagan", resaltó en varias oportunidades el Presidente Alberto Fernández. Para luego enfatizar: “Si alguien pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible porque está en mi naturaleza”.

Señor Presidente: sus funcionarios de ANSES, todos pertenecientes a la agrupación “La Cámpora” no escucharon su retórica o no aprendieron de ella o hacen caso omiso.

El Artículo 14º de la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece que las prestaciones que se acuerden son personalísimas y no pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno. Como excepción, y previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, establece que pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, asociaciones de empleadores, obras sociales, Cooperativas, Mutuales y entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526, con las cuales los beneficiarios convengan el anticipo de las prestaciones o el otorgamiento de créditos. Las deducciones por el pago de obligaciones dinerarias no podrán exceder del CUARENTA POR CIENTO (40%) del haber mensual de la prestación resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes.

Claramente, la legislación vigente otorga un derecho a Cooperativas y Mutuales para realizar descuentos sobre los haberes de jubilados y pensionados. No obstante ello, las distintas gestiones que comandaron la Administración Nacional de la Seguridad Social fueron imponiendo regulaciones tendientes a obstaculizar la operatoria y diezmar este derecho.

 Pero en la última década las cosas cambiaron. Los funcionarios de ANSES emprendieron un camino tendiente a transformar esa herramienta que la ley define claramente a favor de las entidades de la economía solidaria en inutilizable, con regulaciones que poco a poco la fueron matando.

 En el siglo del desarrollo informático, el organismo decidió en 2011 que cada operación de crédito que ingrese al sistema sea presentada en papel, en la Dirección de Control, a la espera de la buena voluntad y de la suerte que les toque. Con total arbitrariedad, esta oficina puede habilitar los descuentos de la misma, rechazarlos o mandarlos al freezer porque sí. Los perjuicios son muy graves, ya que esos créditos fueron previamente pagados a los beneficiarios con intereses por debajo de los vigentes en el mercado, cuya primera cuota se paga varios meses después de su otorgamiento.

Más tarde, a raíz de una salvaje regulación dictada por la gestión macrista, se estableció que los descuentos no crediticios (cuota social y/o cuota de servicios) que se encontraran cargados en el sistema desaparecerían a partir del primer día del mes de noviembre de 2018 excepto que el asociado, con anterioridad a dicha fecha, expresamente solicite la continuidad de los mismos frente al organismo previsional: vía telefónica o presencial en ANSES o a través del sitio web, utilizando la clave de la seguridad social.

Esta irracional regulación introdujo novedades nunca antes vistas en los distintos formatos asociativos: voluntariamente la persona se asocia a una entidad en sus sedes o delegaciones y se desafilia en un organismo público. ¡Insólito!. Ante las diversas presentaciones judiciales, los funcionarios fueron dictando diversas prorrogas.
Pero en plena Pandemia, la administración en manos de la agrupación “La Cámpora”, ejecutó la desafiliación masiva: borraron a los asociados de un plumazo y diezmaron salvajemente, de buenas a primeras, los ingresos de las entidades.

Claramente, la operatoria de descuentos de haberes fue así transformándose en una herramienta inutilizable.

Pero varias entidades, algunas con medidas judiciales que trabaron la desafiliación masiva y otras que aún insisten en permanecer en el sistema, continúan siendo víctimas de funcionarios que no escuchan o, mejor dicho, no les interesa escuchar y menos dialogar. Poco a poco, van apagando la tenue luz que queda encendida en la operatoria.

Veamos algunos de los tantos detalles que no escapan al conocimiento de estos administradores. El mundo sufre una Pandemia; además, Argentina sufre de un virus propio: la inflación.

Con la primera ola del Covid 19, ANSES decidió suspender “la atención al público como así también la recepción de documentación”, a partir del 18 de marzo de 2019, dejando colgados un sinfín de legajos por préstamos ya otorgados, con sus graves consecuencias económicas.

Lejos de aprovechar los nuevos tiempos para modernizarse y activar una metodología online para continuar la operatoria y poder seguir llegando a los asociados en plena pandemia, ANSES volvió a retomar, parcialmente, su actividad casi 5 meses después.

 Con turnos y protocolos, la Dirección de Control Prestacional volvió a la recepción presencial de las carpetas de créditos, encontrando innumerables excusas para rechazar su aprobación. Este auténtico “grupo de tareas” fabrica cualquier pretexto para no procesar los descuentos de las cuotas, ni tampoco tiene plazo alguno para expedirse.

Pero llegó la segunda ola Covid y el Poder Ejecutivo decidió “la prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo remoto para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional", a partir del 29 de marzo pasado. Por lo cual ANSES notificó que “no atiende público, ni recibe correo postal”. Otra vez al freezer.

En el medio, la propia Pandemia: la inflación. El organismo previsional no permite ajustar los valores, corroídos por la estampida de precios y costos diversos. ¿Por qué?. Se encapricharon: “las nuevas solicitudes de aumentos de cuota social y servicios especiales de las entidades participantes sean interrumpidas durante el contexto actual, y hasta tanto se regularice la situación epidemiológica existente”.

El organismo tampoco permite que el jubilado ya asociado pueda cambiar de plan o ajustar un valor que quedó desactualizado, por propia voluntad y suscribiendo la documentación correspondiente.

En la última reforma al artículo 35º de la normativa vigente (Resolución Nº 905), estableció que: “La modificación del valor de las cuotas de afiliación/sociales o sindicales en el sistema “e@descuentos”, no serán ingresadas por las entidades sino que su modificación será aplicada mediante la Dirección General Monitoreo de la Gestión de Prestaciones”.

De esta manera, la inflación devora los ingresos de las Mutuales y Cooperativas y limita la prestación de servicios. Los funcionarios de ANSES no permiten ni siquiera que se les informe los nuevos valores y mucho menos autorizarlos en el sistema. Ello obliga a las entidades a operar con valores viejos.

Por ejemplo, una persona que quiera asociarse y firma su descuento de haberes debe hacerlo a un valor viejo de cuota. Ante los reclamos, el organismo previsional invita a las entidades a utilizar “otro medio de pago”.

¿Qué sentido tiene para el Estado Nacional avanzar en la destrucción final de un sistema construido luego de años de esfuerzo y trabajo, regulado hasta el hartazgo y que funciona con los controles más estrictos?. ¿Qué lógica tiene semejante avasallamiento en plena Pandemia y en el peor momento de la crisis económica?.
 
Los funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social imponen continuas restricciones y controlan una a una cada operación que se carga en el sistema. Pero nada les alcanza. Quieren hacer desaparecer la operatoria más transparente del mercado.

Ya no se puede acusar a las Mutuales y Cooperativas de usureras como se lo hizo por años. Los créditos que ellas otorgan a jubilados y pensionados a través de la operatoria de descuentos de ANSES se encuentran entre los más baratos del país ya que su costo está auditado, controlado y es aprobado uno a uno por el organismo previsional en cada operación que se carga al sistema.

Poco a poco, van apagando las últimas luces de una operatoria que ellos consideran como un favor que le hacen a las entidades solidarias, desconociendo que es una herramienta prevista en la ley previsional vigente.

 El Consejo Consultivo

Entre las tantas reformas que sufrió la normativa que rige el sistema de descuentos, hay un artículo que sigue vigente y sobre el cual nuestros beneméritos representantes sectoriales no exigen su cumplimiento.

ARTÍCULO 60: Créase en el ámbito de la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones, dependiente de la Dirección Ejecutiva, un Órgano Consultivo de Descuentos no Obligatorios a Favor de Terceras Entidades, con representantes de las Confederaciones que nuclean las entidades autorizadas a participar de la operatoria y de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El silencio de las organizaciones representativas y la nula voluntad de dialogo de estos funcionarios, constituyen un combo perfecto para que no se cumpla con esta posible mesa de discusión.

 

Una financiera armada con
la plata del sistema previsional

 
El ciclo de endeudamiento que comenzó en 2016 no sólo se limitó al Estado, sino que en este proceso proliferaron las líneas de crédito para toda el conjunto de la ciudadanía, generando una señal de alarma ante la creciente morosidad de personas que se endeudan para comer.

En otras de las tantas medidas de tinte “populista”, el Estado decidió convertirse en el principal prestamista de los jubilados, entre otros, con la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Son los créditos inventados por el kirchnerismo sobre los que se aplica la tasa de interés más barata de todo el mercado financiero; tasa que produce un quebranto importante más en el Fondo de Garantía.

Esto formó parte del uso político del fondo de los jubilados, junto con los créditos a las provincias a tasa subsidiada que, en conjunto, ocupan más del 11% de la cartera del FGS.

Con la economía en plena recesión, Cambiemos decidió ampliar los créditos que ya venía otorgando a los titulares de la AUH, a pagar en 24 o 36 meses. Dicha operatoria fue suspendida. Los mismos poseen un alto riesgo de morosidad e incobrabilidad, al tratarse de beneficios que caducan temporalmente. Se trata de un grupo que no posee un derecho perpetuo como la jubilación, sino uno que puede caducar. Las cuotas de los créditos se debitan de los haberes, por lo que si una persona deja de percibir las transferencias de ANSES y no cuenta con ingresos suficientes, no podrá devolver el dinero que pidió.

En diciembre de 2019, la Administración Nacional de la Seguridad Social decidió brindar un amplio período de gracia a quienes habían solicitado un crédito del organismo. Un juego financiero con fondos del sistema previsional. La intención de la medida era favorecer un incremento en el consumo de ciertos sectores sociales y, con ello, reactivar la economía. Sin embargo, por la pandemia, suspendió después el pago por varios meses.

Es decir que los jubilados, pensionados y los titulares de beneficios sociales -como la Asignación Universal por Hijo (AUH)- algún día volvieron a pagar las cuotas de su préstamo, sin costos adicionales. Esto, para los créditos tomados previo a la cuarentena.

Un auténtico “PAGA DIOS”. Es especialmente preocupante la situación de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (el 98% de los casos son mujeres las títulares). En este sentido, y entendiendo que los préstamos fueron usados para compras corrientes (alimentos, alquiler, etc.) no queda claro cómo se espera que estas mujeres puedan pagar el capital incrementado. La situación de los jubilados y pensionados no proyecta ser mejor.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un organismo gubernamental cuya finalidad es la administración de una gran parte de los fondos previsionales compuesto por diversos tipos de activos financieros, y es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino.

La misión del FGS es preservar el valor del patrimonio buscando la rentabilidad de sus recursos. Quienes suelen administrar fondos de terceros tienen el objetivo y la responsabilidad de usarlos eficientemente, es decir, de no gastarlos irracionalmente sino en inversiones rentables a fin de no descapitalizarlo.

Una inversión bien realizada en proyectos productivos y rentables inicia un círculo virtuoso en la economía doméstica, pudiendo producir mayor crecimiento económico y, como consecuencia de esto, mayor empleo.

 

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