ANSES compenetrado en la lucha contra Mutuales y Cooperativas 

 

Los funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social imponen continuas restricciones y controlan una a una cada operación que se carga en la operatoria de descuentos de haberes. Pero nada les alcanza. Quieren hacer desaparecer la operatoria más transparente del mercado.

Ya no se puede acusar a las Mutuales y Cooperativas de usureras como se lo hizo por años. Los créditos que ellas otorgan a jubilados y pensionados a través de este sistema se encuentran entre los más baratos del país ya que su costo está auditado, controlado y es aprobado uno a uno por el organismo previsional en cada operación que se carga al sistema.

Poco a poco, van apagando las últimas luces de una operatoria que ellos consideran como un favor que le hacen a las entidades solidarias, desconociendo que es una herramienta prevista en la ley previsional vigente.

¿Qué sentido tiene para el Estado Nacional avanzar en la destrucción final de un sistema construido luego de años de esfuerzo y trabajo, regulado hasta el hartazgo y que funciona con los controles más estrictos?. ¿Qué lógica tiene semejante avasallamiento en plena Pandemia y en el peor momento de la crisis económica?.

Imponen limitaciones no escritas en la normativa, fabrican sumarios, castigan y traban permanentemente cualquier tipo de operación. La intención es hacer desaparecer un derecho consagrado en la ley.

Una versión peligrosa del autoritarismo concentrador de poder. Hoy los funcionarios de ANSES manejan la operatoria a su placer: a) crean las normas y supuestos sancionatorios; b) realizan la investigación para aplicar la sanción y establecen los procedimientos; y c) aplican finalmente la sanción que consideran. Más tarde, para apelar el castigo, la entidad debe presentarse ante el mismo funcionario que impuso la sanción y es él mismo quien volverá a resolver.

Ahora van por más. ¿La última estocada?. Ante la carga de trabajo que implica exterminar la operatoria, la Directora Ejecutiva María Fernanda Raverta delegó tareas en su mano derecha. A partir de ahora, será Marina Moretti la encargada de sentenciar a las últimas entidades que van quedando, incluyendo a aquellas que podrían tener recursos judiciales a su favor.

Moretti, Subdirectora de Prestaciones, ya tiene atribuciones para:

- Revocar los convenios con aquellas entidades que no hayan adherido fehacientemente a los términos de la última regulación impuesta (año 2018), dentro del plazo de noventa días, largamente vencido;

- Aceptar o denegar la incorporación de las entidades solicitantes al sistema; y

- Revocar los convenios ya existentes ante cualquier situación que ellos determinen como incumplimiento a la normativa impuesta por ellos mismos.

La delegación de funciones realizada por Raverta se fundamenta en que “la concentración de tareas por parte de la Dirección Ejecutiva puede generar una colisión contra el principio de celeridad y contra una eficiente respuesta de la Administración, pudiendo afectarse así la garantía de una tutela administrativa efectiva que merecen todos los beneficiarios y todas las beneficiarias”. Faltó agregar que se está luchando contra un enemigo salvaje: Mutuales y Cooperativas.

Anteriormente, en plena Pandemia, el organismo en manos de la agrupación “La Cámpora” ejecutó la desafiliación masiva que había dictado el macrismo, borrando a los asociados que no se habían reafiliado frente a la ANSES, no efectuando más sus descuentos de cuota social y diezmando salvajemente, de buenas a primeras, los ingresos de las entidades.

Pero no todo finalizó ahí. Mediante una regulación no escrita, los funcionarios impiden que se les ajuste las cuotas a los asociados que sí continúan con sus descuentos en la operatoria. De esta forma, logran que los aportes voluntarios de los beneficiarios a las entidades sean devorados por la inflación.

Mientras tanto, el organismo continúa haciendo un uso político de los fondos previsionales, otorgando créditos a jubilados y a los titulares de beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), muchos de los cuales no pagarán nunca sus deudas.

Es un derecho, no un favor

El Artículo 14º de la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece que las prestaciones que se acuerden son personalísimas y no pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno. Como excepción, y previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, establece que pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, asociaciones de empleadores, obras sociales, Cooperativas, Mutuales y entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526, con las cuales los beneficiarios convengan el anticipo de las prestaciones o el otorgamiento de créditos. Las deducciones por el pago de obligaciones dinerarias no podrán exceder del CUARENTA POR CIENTO (40%) del haber mensual de la prestación resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes.

Claramente, la legislación vigente otorga un derecho a Cooperativas y Mutuales para realizar descuentos sobre los haberes de jubilados y pensionados. No obstante ello, las distintas gestiones que comandaron la Administración Nacional de la Seguridad Social fueron imponiendo regulaciones tendientes a obstaculizar la operatoria y diezmar este derecho.

 

El organismo que jubila sólo a la mitad de los que pueden jubilarse

Informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)

La ANSES anunció el lanzamiento del “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado”. Se trata del reconocimiento de un año de servicio para jubilarse por cada hijo que hayan tenido las mujeres que actualmente tengan entre 59 y 64 años de edad. El objetivo es compensar el esfuerzo que hicieron retirándose del mercado laboral por la maternidad y el cuidado de sus hijos. Se estima que hay 155 mil mujeres que con este Programa podrán acceder a su jubilación.

La idea de reconocer años de servicios a las mujeres por la cantidad de hijos no es novedosa. En los países desarrollados es una regla bastante común. Por esto, no se entiende por qué se circunscribe a las mujeres entre 59 y 64 años cuando correspondería que sea una regla general y permanente y que sea acompañada con la igualación de la edad jubilatoria. Es decir, mujeres y varones se jubilan a los 65 años y a las mujeres se les reconoce un año de servicio por cada hijo.

La otra pregunta que cabe es si la gestión de la ANSES es consistente con el fin protector que persigue este Programa. Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Social permiten echar luz sobre el tema. Según esta fuente se observa que:

- Entre los años 2017 y 2019 la ANSES otorgaba aproximadamente 21 mil nuevas jubilaciones por mes.

- Entre el 2020 y el primer trimestre del 2021 viene otorgando apenas 11 mil jubilaciones por mes.

Esto implica que habría unas 155 mil personas que cumplen con los requisitos, pero no logran jubilarse debido a las trabas administrativas del organismo.

Estos datos muestran que mientras la ANSES impulsa un Programa con el objetivo de atender la situación de 155 mil mujeres que no tienen los requisitos jubilatorios, deja en el desamparo por demoras burocráticas a otras 155 mil personas que cumplen con los requisitos. Se trata de una flagrante contradicción. Se hacen anuncios ampliando derechos, pero en la práctica se cercenan derechos por desidia administrativa. Si el Programa se concretara, las 155 mil mujeres van a tener el derecho a jubilarse, pero se sumarán a las otras 155 mil personas que están en la lista de espera de la ANSES.

La parálisis de la ANSES, como de gran parte de la administración pública, no se justifica por la pandemia. El proceso de otorgamiento de una jubilación es puramente administrativo y se puede hacer por teletrabajo. Tampoco se necesita que el ciudadano haga la gestión presencial en las oficinas de la ANSES. La culpa no es de la pandemia sino de una profunda obsolescencia tecnológica y de décadas de usar los organismos públicos para nombrar amigos y militantes. Se declaman derechos que en la práctica se cercenan por una gestión decadente del Estado.

El anuncio no sólo es contradictorio con las ineficiencias administrativas de la ANSES. Tiene además un diseño defectuoso ya que mantiene el mínimo de 30 años de aporte. Si una mujer, aun computando los años de servicios por hijo, no llega a los 30 años de aporte no podrá acceder a la jubilación y sólo le queda la alternativa de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esto resulta injusto porque el monto de la PUAM es igual para quien no hizo ningún aporte como para quien hizo 29 años de aporte. Una buena reforma debería corregir esta distorsión generando un reconocimiento en el monto del haber a quienes aportaron menos de 30 años.

Cambios previsionales con diseños defectuosos magnifican los costos sociales que genera un sistema mal organizado y peor administrado. Se necesita un plan integral de ordenamiento previsional. La meta es establecer reglas más justas y financieramente sustentables. Especialmente de cara a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional. A esto se suma la modernización de la ANSES y del resto de los organismos previsionales. De lo contrario, se seguirá con la lógica de declamar derechos que luego la burocracia impiadosamente se encarga de cercenar.

 

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