El Presupuesto 2026 y los aportes de las entidades

El Congreso aprobó el Presupuesto Nacional elevado por el presidente de la Nación Javier Milei para el ejercicio 2026. En proyecto remarcó que el equilibrio fiscal era “innegociable” e incluía una regla de estabilidad fiscal: si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener las cuentas balanceadas. La propuesta está diseñada para lograr un superávit primario y cerrar el ejercicio en equilibrio o superávit fiscal.

La norma, que había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue avalada por la Cámara alta, establece en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $ 226.469 millones, en contraste con ejercicios anteriores deficitarios. Además, proyecta gastos corrientes y de capital por aproximadamente $ 148 billones.

Según el documento, la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con $ 106,5 billones, seguido por deuda pública ($ 14,1 billones) y servicios económicos ($ 11,4 billones).

Respecto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social el presupuesto asciende a los $ 18.871.000.000, observando un fuerte recorte en lo que hace a la promoción, capacitación y fomento del sector.

La fuente de financiamiento del organismo surge de recursos propios, aportados por las entidades conforme lo establecido por la Ley N° 23.427 (Cooperativas) y el artículo 9° de la Ley N° 20.321 (Mutuales). En resumen: “nuestra plata”. Pero no todo es tan lineal. De lo recaudado por el pago del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, el 50% se lo lleva la Ley de Coparticipación Federal, para repartir entre Nación y Provincias.

Los ingresos estimados para el período 2026 fueron calculados en $ 90.050 millones, de los cuales sólo gastará menos de la cuarta parte. ¿Dónde va el resto de la guita?

De acuerdo a lo aprobado por el Congreso, los $ 71.179 millones sobrantes serán destinados por el Estado a “inversiones financieras”, ítem que puede incluir: compra de títulos, bonos, acciones, préstamos a provincias, municipios o empresas públicas, entre otros conceptos.

A inicios de 2026, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social registra una de las reducciones de personal más profundas dentro del sector público, con una merma acumulada del 41% en su dotación desde finales de 2023. El Presupuesto aprobado le asignó recursos humanos por 344 empleados para el año en curso.

En lo que hace al organismo, la política presupuestaria destaca como misión primaria el ejercicio de la superintendencia y fiscalización pública, “con el objetivo principal de evitar la desvirtuación de la figura jurídica cooperativa o mutual”, mediante el fortalecimiento de un control público eficiente y proactivo.

Esto se llevará a cabo a través de una acción conjunta y coordinada de sus misiones y funciones, lo que implicará “combatir el fraude cooperativo y mutual, impedir la mala utilización de estas entidades en la intermediación y el clientelismo” y, al mismo tiempo, “robustecer los valores fundacionales de estas entidades a través del fomento del esfuerzo propio y la superación personal, la cooperación y la ayuda mutua, dignificando a la persona humana, revalorizando los vínculos familiares como pilares fundamentales para el desarrollo del capital humano”.

Esas acciones habrán de concretarse a través de “una adecuación del procedimiento registral para las Cooperativas y Mutuales, conjugada con capacitaciones presenciales y virtuales con el otorgamiento de la personería jurídica, a fin de que quienes las conforman tengan un pleno conocimiento de la forma jurídica adoptada y de las obligaciones que de ella emanan, así como realizar verificaciones previas en el trámite de constitución sobre la CUIL o CUIT de los integrantes de la entidad en formación”.

Asimismo, y con el objeto de garantizar un padrón actualizado y eficiente, “se digitalizarán los respectivos registros nacionales”.

Se habrá de efectuar un relevamiento y actualización integral del marco normativo vigente aplicable a estas entidades en lo que resulta competencia del Instituto.

El control público tenderá a mejorar la eficiencia de la fiscalización a través de la revisión y modificación de sistemas de control e información que mantengan actualizado el universo de entidades a supervisar, prosiguiendo el proceso de reordenamiento y depuración del padrón nacional de Cooperativas y Mutuales.

De igual modo, se habrá de continuar con el proceso de digitalización de los estados contables que las entidades remiten al Organismo.

Al mismo tiempo, la generación de un plan anual de fiscalización en todo el territorio nacional a través de acciones coordinadas con otros organismos de control, “poniendo especial énfasis en aquellas actividades riesgosas que generan fraude laboral, fiscal o financiero, a lo cual coadyuvará el fortalecimiento de mecanismos de autocontrol en las entidades y buenas prácticas en gobernanza cooperativa y mutual”.

Ello concluirá con procesos “de regularización, retiros de la autorización para funcionar, cancelaciones de matrículas y, al mismo tiempo, la reglamentación de un registro de personas infractoras”.