Entidades sin señales de vida

Pandemia mediante, el INAES estableció que mientras durara el período de emergencia sanitaria, que impedía el normal desenvolvimiento institucional de las Cooperativas y Mutuales, quedaba postergada la convocatoria y realización de asambleas. La misma norma resolvió que los miembros de los órganos de dirección y fiscalización privada de estas entidades permanecerían en sus cargos hasta su reemplazo por las asambleas que debían realizarse una vez finalizadas las medidas que impidieran su normal funcionamiento institucional.

No obstante ello, las entidades se encontraban obligadas a confeccionar sus estados contables con intervención de sus órganos de administración y fiscalización para su posterior tratamiento por la asamblea de asociados. A través de la Resolución INAES Nº 485/2021 se previó la posibilidad que se celebren asambleas a distancia.

En mayo de 2022, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social decidió aprobar el programa moratoria para la regularización de entidades de primer grado, quedando excluidas aquellas reconocidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) como sujetos obligados a informar, entendiendo a éstas como a las Cooperativas autorizadas a dar créditos, las Mutuales autorizadas a brindar el servicio de ayuda económica y las Cooperativas y Mutuales autorizadas a realizar gestión de préstamos.

Para ello, debían realizar una pre inscripción a través de la Mesa de Entradas del organismo o vía plataforma de Trámites a Distancia (TAD), adjuntando copia de la última acta de asamblea, última acta de distribución de cargos o último certificado de autoridades expedido por el INAES en el que consten las autoridades legítimamente electas, con carácter de declaración jurada. De igual forma, y sin perjuicio de su debida registración en los estados contables, deberá declararse la existencia o no de bienes inmuebles y/o muebles registrables.

¿A quién apuntaba este “programa de moratoria”?. Claramente, se pretendía dar un blanqueo a varios miles de Cooperativas y Mutuales que por muchos años no dieron signos de vida.

Refresquemos la memoria. En 2009, el gobierno de entonces lanzó el programa "Argentina Trabaja", bajo la promesa de crear 100.000 "puestos de trabajo" utilizando la figura de Cooperativas que deberían realizar tareas para los municipios. Así comenzaron a proliferar miles de nuevas entidades condenadas a fracasar desde su propia creación, en las que sus socios recibían un sueldo del Estado. Difícilmente podían ser artífices de los principios del Movimiento. La adhesión a las mismas no era libre ni voluntaria, y era el propio gobierno quien establecía su objeto fundacional.

“Argentina Trabaja” quedó en el pasado y fue reformulado por otros programas que utilizaban un formato similar, tendiente a alimentar con fondos públicos el trabajo precario que brindan muchas de estas organizaciones. Tanto es así que durante el gobierno de Alberto Fernández se crearon más de 10.000 Cooperativas.

Fue el Movimiento Evita quien más personas enroló dentro de este sistema, liderado por los ex funcionarios del pasado gobierno Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.

Hasta entonces, existían distintos modelos de Cooperativismo: de trabajo, de crédito, de servicios públicos, de vivienda, etc., a los cuales se les agregó este nuevo formato asociativo: el Cooperativismo político que, más tarde, continuó desarrollándose con Cooperativas armadas por los sectores piqueteros y alimentadas con fondos públicos.

¿A quien apuntaba este “programa de moratoria”?, nos preguntábamos. La respuesta es clara: revivir entidades sin actividad y emprolijar sus papales, para alimentarlas con fondos públicos. Y así ocurrió.

La nueva gestión del organismo a cargo de un profundo conocedor de la materia, Marcelo Collomb, dictó la Resolución Nº 878 publicada en el Boletín Oficial del pasado 3 de abril, en la cual de decide ordenar la cuestión: las Cooperativas y Mutuales que hayan obtenido su personería jurídica hasta el 31 de diciembre 2022 y que no efectuaron presentación de documentación asamblearia y estados contables, en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 29 de febrero de 2024, deberán presentarla ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y, en su caso, el Órgano Local Competente, en el plazo de 30 (treinta) días hábiles administrativos.

Las mismas sólo podrán efectuar ante el INAES presentaciones que acrediten el cumplimiento de lo establecido precedentemente, quedando suspendida cualquier otra petición administrativa, con excepción de las correspondientes a acciones de fiscalización pública.

El incumplimiento a lo establecido dará lugar a la automática suspensión de la autorización para funcionar por obstaculización al ejercicio de la fiscalización pública y al inicio de actuaciones sumariales, con excepción de las Mutuales constituidas por colectividades y Cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos.

Lo resuelto obedece a un relevamiento efectuado por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del organismo, del que resulta que varios miles de entidades no han presentado la documentación asamblearia exigida, no dando señales de vida institucional. “La ausencia de actos asamblearios, elemento esencial del ejercicio de la capacidad jurídica y de la formación de la voluntad del ente, entorpece e impide a esta autoridad de aplicación ejercer las funciones de fiscalización pública y registro que le son propias y acredita un irregular funcionamiento de las Cooperativas y Mutuales”.

En los anexos a la Resolución, se detallan las entidades comprendidas. De dichos listados, surge el fracaso político que intentó utilizar la figura de Cooperativas para gestionar planes sociales y recibir fondos públicos. Varios miles de estas organizaciones figuran como incumplidoras de la normativa vigentes, no dando señales de vida durante años. ¿Nadie pagará las consecuencias de esta mala praxis en el ejercicio de la función pública?. Lo sorprendente es que algunos personajes visualizan este accionar del Instituto como una persecución y/o ataque al sector, cuando en realidad jamás honraron las virtudes de ambos Movimientos.

Al mismo tiempo el organismo dispuso verificaciones institucionales sobre las Cooperativas constituidas en el año 2023. Una veintena de funcionarios del organismo recorren las entidades, fiscalizando y ofreciendo capacitación a las que así lo necesitan.

Hay vigentes en todo el país un total de 24.445 Cooperativas y de 4.129 Mutuales. Las entidades que figuran en esta Resolución del INAES, a las que se les exige la presentación de documentación y que pueden ser suspendidas abarca un universo de 8.536 Cooperativas y aproximadamente 348 Mutuales, más del 20% del padrón nacional en riesgo de una inminente suspensión.

¡AFUERA!

Por otra parte, el INAES dictó la Resolución Nº 879, también publicada en el Boletín Oficial del pasado 3 de abril, en la cual decide INSTRUIR SUMARIO a miles de Cooperativas y Mutuales, por incumplimiento al proceso de Actualización Nacional de Datos oportunamente dispuesto y omisión en la presentación al organismo de la documentación asamblearia y estados contables, que acrediten su regular funcionamiento institucional desde el 1º de febrero de 2017 hasta el 29 de febrero de 2024. Dichas entidades se encuentran suspendidas para desarrollar cualquier tipo de actividad, iniciando el proceso de retiro definitivo de la matrícula.

Cabe recordar que, sin perjuicio de la obligatoriedad del proceso de actualización de datos que se había dispuesto, dentro del cual las Cooperativas y Mutuales debían denunciar su domicilio actualizado, también resultaba obligatoria la constitución de una cuenta de usuario en la plataforma de trámites a distancia (TAD), en el cual son válidas las notificaciones electrónicas.

La no presentación en el citado proceso ha generado que las entidades incumplidoras carezcan del Registro Legajo Multipropósito del Sistema de Gestión Documental Electrónica, único medio de administración de los registros y consecuentemente que se carezca de un domicilio registrado en los términos exigidos por la normativa vigente.

En consecuencia, todas las notificaciones que se le practiquen a estas Cooperativas y Mutuales sumariadas y los actos administrativos que se dicten en su consecuencia, habrán de efectuarse mediante la publicación de edictos.

El INAES decidió limpiar las matrículas de entidades que no dieron señales de vida

Cabe recordar que en 2005, el INAES había ejecutado un operativo de relevamiento y actualización del padrón nacional. Posteriormente, en 2018, se realizó un proceso de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales.

Tras ello, el Instituto decidió en 2019 suspender a 20.612 Cooperativas y 1.847 Mutuales que no dieron señales de vida y que no presentaron documentación desde 2010, demostrando así su inactividad social, acreditando un desinterés manifiesto en alcanzar el fin propuesto o bien la imposibilidad de lograr el cumplimiento de su objeto social.