Hicieron los descuentos de haberes y se fumaron la plata

Es bien sabido que los diferentes organismos públicos ya sean nacionales, provinciales y municipales suscriben convenios para realizar descuentos de los haberes de su personal por las prestaciones recibidas por los mismos y por ellos aceptados voluntariamente. Una herramienta legal y genuina de cobro.

El empleador retiene y luego gira los fondos a la entidad que ordenó dicha retención. Demás está decir que retener al empleado y no enviar ese dinero a quien corresponda es un delito penal para el funcionario, más allá de la acción judicial que se inicie para recuperar ese dinero ilegítimamente retenido.

El ex intendente de la Municipalidad de Cosquín, Alberto Bustos, firmó a comienzos del año 2001 un convenio para que los empleados municipales puedan tomar préstamos y descontar de su sueldo las cuotas respectivas. Así ocurrió, pero el municipio nunca giró las retenciones al acreedor de esos créditos.

Esta situación derivó en un juicio millonario contra la Municipalidad. Pasaron los años, la Justicia falló y hay que pagar. El monto consolidado asciende actualmente a $ 5.553.250.657, en concepto de capital e intereses. Pero además de ello, el abogado demandante reclamó el pago de honorarios fijados en el expediente y el juez dispuso el embargo de hasta el 33% mensual de los fondos coparticipables que el municipio percibe del Gobierno provincial, hasta completar el pago.

“Un fallo de estas características, multimillonario, lo único que hace es engordar las cuentas de un grupo especulador, mientras que a los vecinos de Cosquín les está dando un golpe mortal porque los va a dejar no sólo sin servicios públicos, sino también con el futuro hipotecado por varias generaciones. Nosotros ordenamos las cuentas y honramos las deudas, pero en este caso la desproporción inusitada no nos deja margen”, señaló el actual intendente Raúl Cardinali.

No es momento para lágrimas. Se retuvo la plata de los empleados y se la fumaron. Este año hubo cuatro audiencias de conciliación intentando que la sangre no llegue al río y elaborando un plan de pagos para evitar el embargo. “Una semana antes de firmar el acuerdo, que por capital y honorarios (salvo tres pagos extraordinarios) comprometía el 8% de la coparticipación, tiraron todo para atrás”, afirmó el letrado Díaz Yofre.

Según explicó el abogado, entre 2004 y 2006, cuando se hizo la denuncia penal por malversación de fondos, el municipio reconoció la deuda, solicitó un plan de pagos, aunque finalmente lo “incumplió en dos oportunidades”.

“Lo que hizo la Municipalidad fue fumarse la plata, una malversación de fondos”, remarcó. Se la descontó a los empleados, pero no le pagaron al acreedor. “Las distintas administraciones especularon con licuar la deuda con el tiempo, pero les salió el tiro por la culata”, remarcó Díaz Yofre.

Cosquín recibe unos 500 millones de pesos mensuales, de los cuales 160 millones quedan retenidos.