Ordenan a la ANSES suspender el costo máximo a los créditos a jubilados

En un fallo reciente, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7 resolvió “suspender la aplicación del artículo 1° de Decreto N° 246/2011 y el artículo 1° y 2° del Anexo “operatoria del sistema de descuentos no obligatorios que se acuerden con terceras entidades” de la Resolución ANSES N° 970/2024”, estimando prudente fijar como límite de vigencia precautoria el plazo de seis (6) meses.

¿Qué implica ello? El Juez suspendió el límite máximo para el costo de los créditos otorgados a través del sistema de código de descuento vigente en la Administración Nacional de la Seguridad Social, que afectó durante años a Mutuales y Cooperativas. Los funcionarios de ANSES están obligados a cumplir con la resolución judicial, pero se resisten a implemenarla. Ya fueron intimados por el Juzgado bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.

Dicho Costo Financiero Total (CFT) incluía ilegítimamente el importe abonado en concepto de cuota social, los cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto, no pudiendo exceder en un 5% la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina como aplicable a las operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento.

Unas 500 entidades operaban en el sistema de descuento de haberes de ANSES 10 años atrás. Actualmente, sólo 33 fueron incluidas en la nueva operatoria, pero menos de la mitad están habilitadas para descontar la cobranza de créditos.

Se trata del exponente más claro donde se observa la pérdida de derechos de un sector que permanece estático frente a la adversidad.

Cambiaron los gobiernos, cambió la conducción y, lejos de salvar la injusta situación, profundizaron las restricciones. Hablamos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que durante la gestión de Mariano de los Heros (más tarde rajado por el Presidente Milei) volvió a regular el Sistema de Descuentos sobre los haberes de jubilados y pensionados con la premisa de: “promover el ingreso de Entidades que ofrezcan la suficiente solvencia financiera y patrimonial, a fin de dotar a la operatoria crediticia de la seguridad jurídica y económica que permita garantizar la operatoria”, dice la propia norma.

Para ello, el ex Director Ejecutivo del organismo salió a exigir seguros, uno de Responsabilidad Civil y otro de Caución, a primer requerimiento de ANSES, para cubrir todo daño y/o perjuicio que se genere como consecuencia de un incumplimiento de la entidad. Estamos hablando de una póliza por un monto millonario, para lo cual la entidad debería tener un patrimonio superior al valor o ser avalado personalmente por los directivos con sus propios bienes. ¿El costo de la póliza?: hablamos de un promedio de 30 millones por año.

El dato curioso. Sólo una aseguradora estuvo dispuesta a otorgar esas pólizas dado que no tienen la posibilidad de ceder el riesgo a través de un “reaseguro”. Y ahí se presentó, de la mano de ANSES, PRUDENCIA Seguros la que manejó, casi con exclusividad, el acceso a la operatoria de descuentos. Algo huele mal.

Sólo una docena de entidades cumplimentaron los requisitos y pagaron los 30 millones de pesos por año, con el aval patrimonial personal de sus directivos, para poder otorgar créditos. Pero al momento de comenzar a operar y poder recuperar semejante capital, volvieron a chocar con las mismas trabas de siempre.