SALUD: un servicio judicializado

Nada se dice pero los problemas crecen. La situación de las Mutuales prestadoras de servicios de salud es altamente alarmante. Además de tener sobre su espalda los requisitos impuestos para la inscripción, atendibles sólo para las empresas y/o Mutuales de gran envergadura en este tipo de prestaciones, la cantidad de sentencias judiciales en su contra las coloca en problemas de difícil solución.

El sistema de mediación denominado “Promesa” (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) lanzado recientemente por el Gobierno Nacional intenta que las partes tengan la posibilidad de lograr un acuerdo sin necesidad de acudir a la Justicia, lo que implica un ahorro de tiempo y dinero. En el primer caso en el que se utilizó todo se resolvió en menos de una semana, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El ministro de Salud, Mario Lugones, declaró a un medio de prensa que “en esta primera experiencia las partes alcanzaron un acuerdo en sólo cuatro días, lo que permitió garantizar la continuidad de un tratamiento médico”.

Se espera que a partir de este primer caso haya una continuidad de controversias con obras sociales y prepagas que puedan ir resolviéndose por este nuevo camino, para frenar el creciente ritmo de judicialización en un escenario de crisis.

El sistema “Promesa”, además de expeditivo, brinda patrocinio jurídico gratuito para los que lo necesitan. Siempre es optativo, por lo que si el damnificado prefiere directamente la acción judicial -en lugar de que los tribunales sean la última instancia- puede hacerlo.

Aunque también existe la posibilidad, como estipuló la reglamentación del sistema, de que incluso para casos ya judicializados los magistrados puedan derivar las causas al “Promesa” de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, “siempre con el consentimiento expreso de la parte actora y una decisión judicial motivada”.

Los mediadores son designados por sorteo y deben haber realizado una capacitación obligatoria que garantice su idoneidad. Para ello se ya se instrumentó una colaboración entre los ministerios de Justicia y de Salud de la Nación a fin de realizar los Programas de Capacitación y el Examen de Idoneidad.

Según una estimación, la litigiosidad en salud creció de 1.130 casos en 2011 a 10.900 en 2025, con un 95,7 por ciento de amparos apoyados en medida cautelar y un 89 por ciento de sentencias favorables al actor. Esto tensiona financieramente a las Mutuales y a todas las empresas de medicina prepaga y distorsiona al sistema en su conjunto.

Esta primera y exitosa mediación fue requerida por una persona que solicitó la reincorporación de su hijo a una Obra Social para que pueda continuar con el tratamiento que realizaba. El acuerdo alcanzado reconoció las preexistencias médicas y los antecedentes clínicos del menor, y además, incluyó las autorizaciones necesarias para que continúe con la asistencia médica y las siguientes prestaciones: apoyo a la integración escolar, terapia psicológica y terapia ocupacional.

Ese incremento de las acciones judiciales tuvo que ver básicamente con dos elementos: por un lado, la desregulación del sistema de medicina privada, que en 2024 provocó una ola de amparos por los aumentos de las cuotas, al menos hasta que la Superintendencia intervino y llegó a un acuerdo judicial con las prepagas; y por otro lado, los medicamentos de alto costo, a los que todavía se les debe la tutoría de la anunciada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits), nunca implementada.

El tiempo dirá si el nuevo sistema pudo suavizar en algo la alocada carrera de sentencias judiciales.