Santa Fe instrumentó un duro golpe a las Mutuales provinciales
En lugar de recomponer ingresos, el gobierno provincial empuja a los trabajadores y jubilados a refinanciar sus deudas en el Nuevo Banco de Santa Fe, garantizándole clientes cautivos al agente financiero.
6/28/20264 min leer
El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, oficializó el Plan de Protección de los Ingresos para agentes (activos y pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, oficializada mediante el Decreto Nº 1014/2026, busca reducir el impacto del endeudamiento sobre los salarios y mejorar el ingreso disponible de miles de santafesinos.
La medida reformula el sistema de prestación de servicios mediante código de descuentos. De un día para otro, cambió las reglas de juego sobre operaciones pactadas con anterioridad.
Uno de los puntos centrales del decreto establece que los descuentos realizados mediante códigos sobre los haberes no podrán superar el 25 % del salario afectable. Hasta ahora, el límite permitido alcanzaba el 50 %.
El cálculo se realizará sobre el haber bruto mensual una vez descontados aportes obligatorios, IAPOS, cuotas sindicales, medidas judiciales y créditos vinculados a vivienda. Además, quedan excluidos del cálculo conceptos como asignaciones familiares, aguinaldo, pagos extraordinarios y retroactivos.
Según datos oficiales, en Santa Fe hay alrededor de 12.000 empleados estatales y 7.000 jubilados provinciales cuyos descuentos actualmente superan el 25% de afectación y serán las entidades acreedoras las obligadas a refinanciar las deudas vigentes para adecuarlas al nuevo tope. En caso de no hacerlo, la Provincia podrá intervenir mediante mecanismos de anticipo de haberes con consentimiento del trabajador.
Además, el Ministerio de Economía quedó habilitado para firmar convenios con el Banco de Santa Fe y otras entidades financieras para ofrecer líneas de crédito con tasas más bajas que las del mercado, destinadas a cancelar o refinanciar deudas.
El decreto también endurece los requisitos para las entidades que operan mediante códigos de descuento. Entre otras condiciones, deberán acreditar inscripción ante la UIF, presentar balances auditados y demostrar regularidad fiscal. Las que no cumplan con las nuevas exigencias podrán quedar suspendidas del sistema provincial.
La normativa crea además una Unidad de Gestión integrada por distintas áreas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública para monitorear el funcionamiento del sistema.
También se impulsará un programa de educación financiera orientado a trabajadores estatales y público en general, con el objetivo de promover herramientas para el manejo responsable de las finanzas personales.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el programa apunta no solo a aliviar el endeudamiento, sino también a fortalecer el consumo y dinamizar la economía santafesina. Cabe preguntarse: ¿con qué dinero?. Es claro, con la plata de las entidades que brindaron servicios a los trabajadores y jubilados de la provincia.
A su vez, el decreto establece un límite máximo para el costo de los créditos otorgados a través de código de descuento cuya Tasa Nominal Anual (TNA) como el Costo Financiero Total (CFT) -el cual debe incluir cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto- no pueden exceder el tope dispuesto en el Artículo 12 del Decreto Nacional Nº 14/2012 (ya derogado).
Establece que “las entidades que sean acreedoras de agentes que, a la fecha de vigencia de la presente norma, tengan una afectación en sus haberes superior al veinticinco por ciento (25%), deben adherir al presente régimen y refinanciar el pago de las diferencias a la tasa pactada en la operación original con el límite fijado” anteriormente, para que cada concepto por el cual sufre retenciones y el total de los mismos queden encuadrados en los márgenes de afectación establecidos, bajo apercibimiento de quedar inhabilitadas para futuras operaciones.
La habilitación y uso de los Códigos de Descuento implica, para la entidad, la aceptación de este sistema como vía exclusiva y suficiente de cobro, quedando obligada a abstenerse de iniciar o proseguir acciones judiciales, ejecuciones de títulos o trabar medidas cautelares por deudas que se encuentren bajo el régimen de descuento efectivo. Su incumplimiento acarreará la caducidad del código y la prohibición de una nueva asignación de código por cualquier concepto a la entidad u organismos responsables.
Un plan, una trampa
Resumiendo: un plan político para dar oxígeno a salarios que rozan la línea de pobreza. La pregunta central sigue sin respuesta: ¿por qué se endeudan?
Sin embargo, nos enfrentamos a un desendeudamiento tramposo. El tope de afectación se reduce al 25%, de aquellos descuentos que se hagan a través del CUAD (Código Único de Administración de Descuentos), que permite deducir cuotas directamente del recibo de sueldo. Sin embargo, no todas las deudas pasan por ese circuito.
El Nuevo Banco de Santa Fe —agente financiero de la provincia y entidad donde se acreditan los haberes— opera de manera distinta: los débitos se realizan directamente sobre la cuenta sueldo, es decir, sobre la caja de ahorro en pesos del trabajador, no siendo alcanzados por el tope del 25%.
Claramente, las necesidades seguirán existiendo y las deudas irán hacia canales menos regulados concentrados en el propio circuito bancario.
Las propias autoridades santafecinas explicaron que el 33% de los empleados públicos tiene descuentos por deudas, representando a 35.000 trabajadores y a 7000 jubilados provinciales.
Este plan “político” de desendeudamiento ofrecerá un alivio en el corto plazo, pero jamás será una solución de fondo a los magros ingresos.
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